En septiembre, el republicano Tom Kean Jr. y la demócrata Rebecca Bennett debatieron en Rahway, Nueva Jersey, sobre el futuro del séptimo distrito congresional. La contienda representa uno de los escenarios más competitivos del estado: Donald Trump ganó aquí por aproximadamente un punto porcentual en 2024, mientras que la demócrata Mikie Sherrill obtuvo una ventaja de casi dos puntos en las elecciones para gobernador de 2025, según el New Jersey Globe.
En elecciones tan disputadas, la participación de unos miles de ciudadanos puede resultar decisiva. Pero el séptimo distrito es solo una muestra de una cuestión más amplia que afecta a Nueva Jersey y al país: ¿hasta qué punto el crecimiento del electorado hispano se traduce en influencia política?
La pregunta adquiere especial importancia en este 2026, cuando las operaciones de control migratorio, las deportaciones, las tarifas comerciales, una guerra que solo ha asfixiado el flujo de petróleo, la disminución del empleo y las disputas sobre el acceso al voto han puesto a muchas comunidades hispanas en el centro del debate nacional.
El crecimiento demográfico es indiscutible. Según las proyecciones del Pew Research Center, aproximadamente 39 millones de hispanos cumplen los requisitos para votar en las elecciones de mitad de mandato de hoy, 3 de noviembre. Representan cerca del 16 por ciento del electorado elegible estadounidense, un aumento de 5,25 millones respecto de 2022.
Sin embargo, estas cifras describen un potencial, no un resultado electoral. Tener derecho al voto, registrarse y participar efectivamente son tres condiciones distintas. Tampoco la pertenencia a una misma comunidad de origen determina preferencias políticas uniformes.
La diferencia entre la presencia demográfica y el poder político es precisamente lo que estas elecciones podrían poner a prueba. No solo la presidencia del presidente republicano.
Una encuesta del Pew, publicada el 16 de octubre, encontró que el 70 por ciento de los votantes hispanos registrados considera que las políticas de la administración presidencial han perjudicado a los hispanos. Además, el 62 por ciento opina que el gobierno está haciendo demasiado en materia de deportaciones.
Estas percepciones, sin embargo, no son compartidas por todos. Los votantes hispanos republicanos muestran posiciones considerablemente distintas de las de quienes favorecen a los demócratas. Esa diversidad contradice la tendencia a interpretar a la comunidad como un bloque electoral homogéneo.
Aun así, las cifras sugieren que la política migratoria se ha convertido en un elemento significativo de la experiencia política hispana durante este ciclo electoral.
La encuesta también encontró que el 51 por ciento de los votantes hispanos registrados favorece a los candidatos demócratas para la Cámara de Representantes, frente al 24 por ciento que prefiere a los republicanos. Otro 18 por ciento permanece indeciso.
Pero hay un dato que merece más atención que las preferencias partidistas. Entre los hispanos que apoyan a candidatos demócratas, el 53 por ciento declara estar extremadamente motivado para votar, frente al 41 por ciento en 2022. Asimismo, el 77 por ciento considera importante qué partido controlará el Congreso, frente al 58 por ciento de hace cuatro años.
La diferencia entre preferencia y motivación es fundamental. Las encuestas pueden identificar simpatías políticas, pero la influencia electoral depende de convertirlas en votos efectivos.
Tampoco puede explicarse esa movilización exclusivamente por las deportaciones.
Para el 86 por ciento de los votantes hispanos registrados, la economía es un factor muy importante al decidir su voto en las elecciones al Congreso. La preocupación alcanza el 89 por ciento entre quienes favorecen a los demócratas y el 78 por ciento entre los simpatizantes republicanos. El margen no es mayoritario.
El costo de la vivienda, los alimentos, la energía y la atención médica constituye un terreno de preocupación compartida, incluso entre ciudadanos que discrepan profundamente sobre la inmigración y otras políticas federales, lo cual, para Matt Bai, es precisamente una de las razones del desplome de MAGA y de su presidente.
Desde mi experiencia en educación, en la industria y en mi relación cotidiana con las comunidades de Newark y Union County, reconozco la importancia del empleo, de los ingresos familiares y de las oportunidades económicas en la vida diaria. Son cuestiones que vinculan las decisiones gubernamentales con las condiciones materiales de quienes trabajan, sostienen hogares y participan en sus comunidades.
Esa experiencia también me lleva a cuestionar una idea frecuente: que el poder político hispano comienza cuando los partidos reconocen su importancia durante una campaña electoral.
Para muchos inmigrantes, la naturalización representa algo más que obtener un certificado de ciudadanía. Significa adquirir derechos políticos y la posibilidad de intervenir en las decisiones que afectan a las localidades donde han construido sus vidas.
No todos los ciudadanos naturalizados comparten las mismas motivaciones. Sin embargo, la ciudadanía abre oportunidades de participación en asociaciones vecinales, juntas escolares, organizaciones comunitarias y gobiernos municipales. Son espacios donde la representación adquiere una dimensión concreta, más cercana a las necesidades de los residentes que a las disputas nacionales entre partidos.
El problema es que el acceso formal a los derechos políticos no garantiza la igualdad de oportunidades para ejercerlos.
Una investigación del Center for American Women and Politics de Rutgers University, publicada en 2024, encontró que las mujeres hispanas constituían el 10,9 por ciento de la población de Nueva Jersey, pero ocupaban solo el 7,5 por ciento de los escaños en los cuerpos legislativos estatales y el 4,8 por ciento de las presidencias de los partidos a nivel de condado.
El estudio identificó obstáculos relacionados con el acceso a las redes políticas, los mecanismos de selección de candidatos y la influencia de las estructuras partidistas. Estas barreras pueden limitar las oportunidades de quienes aspiran a competir por cargos públicos, incluso cuando existe una comunidad electoral numerosa.
La investigación más reciente de Rutgers, titulada From Data to Diversity 2025, confirma que los hombres y las mujeres hispanos continúan subrepresentados en distintos niveles de gobierno, tanto a nivel estatal como local. También registra un avance significativo: la elección de Nellie Pou en 2024, la primera mujer hispana en representar a Nueva Jersey en el Congreso.
La presencia de una dirigente hispana en el Congreso constituye un logro histórico. Pero una representación más amplia requiere examinar las oportunidades de acceso a candidaturas competitivas, las redes de apoyo y los recursos necesarios para sostener campañas electorales.
El financiamiento es parte de ese desafío. Las campañas necesitan recursos, contactos y estructuras organizativas. Cuando estas oportunidades se distribuyen de manera desigual, la posibilidad de competir también puede verse afectada. No obstante, los datos de subrepresentación no permiten atribuir automáticamente esas diferencias a una única causa.
Además, existen obstáculos de naturaleza lingüística y cultural.
Una investigación de Pew, publicada en julio de 2026, encontró que el 29 por ciento de los adultos hispanos encuestados había recibido críticas por hablar español en público, mientras que el 34 por ciento había experimentado discriminación o trato injusto por su origen hispano durante los doce meses anteriores a la encuesta.
Estas experiencias no demuestran por sí solas una menor participación electoral. Pero recuerdan que el reconocimiento legal de la ciudadanía no elimina necesariamente las dificultades de integración, pertenencia y acceso a los espacios públicos.
Comprender el funcionamiento de las instituciones también importa. Conocer cómo se eligen los representantes, cómo se presentan las candidaturas, qué responsabilidades corresponden a cada nivel de gobierno y cómo participar en reuniones públicas puede facilitar una intervención política más informada.
En este sentido, la participación comunitaria no debe entenderse únicamente como una consecuencia de la ciudadanía, sino como un proceso de aprendizaje cívico que puede desarrollarse con el tiempo.
Las controversias recientes sobre los procedimientos electorales añaden otra dimensión a esta discusión.
El 15 de octubre, el Departamento de Justicia demandó a California y al condado de Los Ángeles por una lista de aproximadamente 20.000 votantes registrados cuya ciudadanía las autoridades federales cuestionaban. El Gobierno solicitó separar sus papeletas mientras se verificaba su elegibilidad.
California rechazó la solicitud y cuestionó la fiabilidad de los datos. El 28 de octubre, un juez federal denegó la medida de emergencia. Dos días después, el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito también rechazó la intervención solicitada por el Gobierno.
Las decisiones no resolvieron definitivamente el litigio ni establecieron la ciudadanía de las personas incluidas en la lista. Sí dejaron en evidencia la importancia de proteger tanto la integridad de las elecciones como los derechos de quienes están legalmente habilitados para votar.
Organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) solicitaron intervenir en el proceso, ante la posibilidad de que errores en la verificación afectaran a ciudadanos naturalizados.
California y Nueva Jersey tienen gobiernos estatales demócratas, pero sus circunstancias jurídicas y electorales difieren. La disputa californiana no demuestra una intervención federal equivalente en Nueva Jersey ni permite atribuir, sin pruebas adicionales, una motivación exclusivamente partidista a la actuación del Departamento de Justicia.
Su relevancia para este artículo radica en una cuestión más amplia: la confianza en los procedimientos electorales y la necesidad de garantizar que los ciudadanos elegibles puedan ejercer sus derechos sin obstáculos injustificados.
Para los hispanos que han adquirido recientemente la ciudadanía, la claridad y la fiabilidad de esos procedimientos son especialmente importantes.
Sin embargo, aun si el electorado hispano participa masivamente en estas elecciones, el resultado representará solo una parte de su capacidad política.
En Nueva Jersey, el séptimo distrito ofrece un ejemplo de cómo una elección competitiva puede ampliar la importancia de distintos grupos de votantes. En otras zonas del estado, la participación hispana puede tener consecuencias distintas, dependiendo de la composición de cada distrito, de las condiciones de competencia y de la organización de sus comunidades.
La influencia política también se construye en los municipios, las juntas escolares y las instituciones locales, donde las decisiones afectan directamente la vivienda, la educación, los servicios públicos y las oportunidades económicas.
Pero sería prematuro afirmar que el crecimiento del electorado hispano ya se ha traducido en una representación proporcional.
Los estudios de Rutgers muestran que aún existen diferencias significativas entre la presencia en la población y el acceso a cargos públicos. Las barreras económicas, institucionales y de participación no desaparecen automáticamente cuando aumenta el número de ciudadanos elegibles.
Superarlas exige más que la movilización electoral. Requiere organizaciones comunitarias, acceso a la información, oportunidades de liderazgo y una relación sostenida entre los ciudadanos y sus representantes.
También exige una definición más rigurosa de la representación.
No basta con que los candidatos visiten comunidades hispanas durante las campañas o incorporen referencias a sus preocupaciones en sus discursos electorales. La representación debe evaluarse después, mediante las decisiones legislativas, las prioridades presupuestarias, el trabajo de los funcionarios electos y su disposición a responder a los ciudadanos.
La responsabilidad tampoco corresponde exclusivamente a quienes gobiernan. Los electores pueden seguir las decisiones de sus representantes, participar en reuniones públicas, organizarse en torno a necesidades compartidas y exigir explicaciones sobre las promesas de campaña.
En Newark, Elizabeth, Perth Amboy y Paterson, esa participación puede manifestarse de distintas maneras. No todas estas ciudades pertenecen al mismo distrito congresional ni enfrentan las mismas circunstancias políticas. Sin embargo, comparten una pregunta relevante para muchas comunidades hispanas del estado: ¿cómo convertir la presencia social y económica en una capacidad efectiva para incidir en las decisiones públicas?
Al final del día de este 3 de noviembre, sabremos quiénes ganaron las elecciones. Lo que no podremos determinar solo con esos resultados es si el crecimiento del electorado hispano habrá tenido una influencia política duradera.
Esa influencia no debería medirse exclusivamente por el número de votantes, las victorias partidistas o la elección de funcionarios de origen hispano. También debería evaluarse la capacidad de las comunidades para participar en las instituciones, defender sus prioridades y exigir rendición de cuentas a quienes ejercen el poder.
El peso político hispano no depende exclusivamente de su crecimiento demográfico. Depende de la participación efectiva, de la competencia electoral y de la capacidad de exigir representación tras las elecciones.
Porque la representación no termina cuando cierran las urnas. Es entonces cuando comienza su prueba más importante.
