Inconsistencias en los Ph.D. que pretende la universidad ecuatoriana

La Universidad Ecuatoriana como tal aún pretende la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad sin restricciones; así como el gobierno y la gestión de sí misma. Pero dicha autonomía no se extiende a lo financiero, sino que se enmarca en las concepciones del gobierno de la Revolución Ciudadana que son: la responsabilidad social, rendición de cuentas y la participación en la planificación nacional.

La nueva Ley Orgánica de Educación Superior –LOES, producto del estudio preliminar de la SENPLADES, entre el 2007 y el 2008 (para entonces CONEA), surgió como una herramienta para detener el deterioro al que se enfrentaba la educación superior ecuatoriana. Pero no todos están de acuerdo en la aplicación de esta ley, particularmente los rectores de la universidades ecuatorianas que no fueron clasificadas bajo la letra E, hoy clausuradas.

El Dr. Enrique Ayala Mora, actual rector de la Universidad Andina Simón Bolivar tiene serios reparos en torno a la equidad de la aplicación de dicha Ley y el Borrador del Reglamento de Carrera y Escalafón de Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. La aprobada Ley dice garantizar a los estudiantes ecuatorianos las mismas posibilidades en el acceso, movilidad, permanencia y egreso, sin discriminación de género, credo, sexo, etnia, cultura, orientación política, condición socioeconómica o discapacidad que limite sus facultades de aprendizaje, considerando una pauta distributiva basada en el mérito académico (no en el celo académico).

Pero conforme lo indica el académico durante el II Encuentro de Profesores Universitarios que se llevó a cabo en la Escuela Politécnica Nacional – EPN, dicho diagnóstico parece irrazonable pues resulta que el remedio es peor que la enfermedad. La tipología de universidad establecida en la Ley es incompresible e inequitativa porque segrega a universidades con investigación, docencia y educación continua. Sin hablar de una universidad ecuatoriana en general. El requisito de exigir que el 70 por ciento de los docentes universitarios tengan un doctorado es catalogado como ‘fetichismo’ por Ayala Mora. No enfrenta de forma real un desarrollo de doctorados en el mismo país, el presupuesto solo se dedica a becas al extranjero y los llamados a prepararse no tienen, ni el permiso para obtener un PhD, peor una beca. Y finalmente una inadecuada distribución estatal de los recursos universitarios, donde las universidades privadas y co-pagadas han salido mejor beneficiadas que las universidades públicas

No son solo los directivos universitarios, ni siquiera los rectores de las únicas 17 universidades clasificadas como de nivel docencia-investigación y que a su ves pueden ofrecer los doctorados dentro del mismo país; son los profesores los que hacen escuchar sus preocupaciones como lo señala Diario Expreso en un reporte respecto a docentes de la Universidad de Guayaquil. Profesores de la APUG – Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil; y, de la APESPOL – Asociación de Profesores de la Espol, expresan sus preocupaciones en torno al citado borrador del Reglamento de Carrera y Escalafón de Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior Ecuatoriano. Los 3.000 docentes que integran la comunidad universitaria ecuatoriana, no tienen ninguna garantía para hacer un doctorado, dicen:

“De pronto nos dicen que debemos tener un título de Ph.D. ¿Cómo hacerlo si la universidad no nos respalda? No hay quién nos apoye económicamente”.

“No contamos con ningún tipo de condición para acceder a un Ph.D. No tenemos año sabático ni sabemos con qué universidades podremos hacerlo.”

La Ley, “Simplemente no fue elaborada acorde con nuestra realidad, al menos en lo que respecta a los docentes de esta universidad, que ganamos mucho menos que cualquier otro compañero a nivel nacional”.

“En Ecuador no se establece aún una política macro que indique cómo desarrollarnos investigativamente. Necesitamos no solo conocer una línea prioritaria para investigar, sino también el financiamiento que nos permita hacerlo.”

No podemos discutir el repunte que el gobierno de Correa le ha dado a muchos estamentos del territorio ecuatoriano. Y aplaudimos los gestos de reforma en varios niveles. Sin embargo existen algunas cosas que se hicieron mal en Montecristi. Y su aplicación nos trae misconcepciones en su aplicación el día de hoy. Todas las universidades realizan investigación. La distinción está en que unas realizan investigación básica, otras en ciencias puras y aquellas en ciencias aplicadas. Y pretender que el 70 por ciento de los docentes tengan un PhD es loable pero no se ha previsto cómo? Universidades con prestigio y años de servicio apenas cuentan con un 14 por ciento de esos docentes entre sus filas (EPN) o incluso un 52 por ciento para universidades como la que hoy dirige Ayala Mora.

Se exige formación Ph.D. a los docentes universitarios pero no se les permite ausentarse de sus trabajos ni siquiera sin salario. Tampoco se les ofrece becas. Una beca para un joven estudiante con aspiraciones a formarse en el exterior promedia los 140 mil dólares pero no hay uno solo para becarlos en el mismo país y así puedan doctorarse. Las personas que quieran hacer una maestría deben sufragar sus propios costos. Y las becas del SENESCYT?

Existen aspectos que deben subsanarse antes de continuar con este mega proyecto de transformación de la Universidad Ecuatoriana. Una de ellas es equiparar los recursos que las universidades perdieron por cobro de matrícula. Y despenalizar el hecho que un estudiante vaya a una universidad pública que no esté en las principales ciudades del Ecuador. Pues, la distribución de dinero por alumno que dichas universidades reciben es superior al que les corresponderán por Ley a las de la periferie. No hablemos de las que son privadas.

Varios vacíos que deben llenarse. Dejar exentos de la aplicación de la Ley a los sacerdotes en las universidades, no habla bien de la Revolución Ciudadana. Y pretender que por el pecado de hacerse PhD en una universidad ecuatoriana, un docente no pueda aspirar a ser el rector de la misma es político, y una barbaridad.

Un buen ejemplo de la aplicación de la Ley lo presentó la Universidad Central del Ecuador.